La propuesta de gobierno pretende reorientar la función de Investigación y el Posgrado en relación con la cultura institucional y fortalecer la UA como espacio de decisión de las políticas investigadoras universitaria.
Consideramos que hay una necesidad perentoria de recuperar posibilidades de gestión creativa en el área, ya que sus prácticas a nivel institucional se hayan absolutamente colonizadas por las políticas ministeriales, que, en la actual coyuntura, obedecen de manera directa a las políticas emanadas de la SPU pero también a las del MinCyT.
Este doble comando ha provocado en nuestra consideración en la política vigente, que se exista un mínimo espacio de decisión dejado a la universidad, y, dentro de ella, un espacio ínfimo para la micropolítica de la facultad.
Específicamente el Programa de Incentivos ha terminado por minimizar la incidencia de la política institucional dentro del desarrollo de la función: la investigación se realiza para satisfacer criterios emanados de las dos jurisdicciones, avalados desde Rectorado, lo cual deja un escueto margen de acción a la política institucional.
- La figura del profesor-investigador universitario nunca debatida a fondo, se considera una figura secundaria dentro del sistema de investigación nacional.
- La tan buscada y nunca alcanzada definición de líneas prioritarias de investigación que se vinculen estratégicamente con los temas centrales de la educación actual, pareciera que en las actuales circunstancias fuere una utopía.
En cuanto a las carreras de Posgrado, proponemos un sistema de adecuación de la oferta a la posible demanda teniendo en cuenta las capacidades y logros académicos constituidos en el interior .de nuestra Unidad Académica. Creemos que las carreras de Posgrado deben generarse en concomitancia con las líneas de investigación constituidas y las carreras a fin de que resulten coherentes con la producción científica y la identidad académica de la FED.
Por ello resulta indispensable una visión más estratégica del área, no tan apegada en tiempos y formas a los cronogramas y disposiciones del SeCTyP, que vehiculice y visibilice la producción académico-científica de nuestra Facultad.
En consonancia con la centralidad otorgada en esta propuesta de gobierno a la cultura institucional, proponemos reorientar, en este contexto, las prácticas investigativas a fin de que la institución pueda apoyarse académicamente en sus logros y proyectar una identidad académica más contundente en el medio y en las diversas comunidades científicas. Se propone a tal efecto, implementar medidas que tiendan a recuperar la posibilidad de gestionar creativamente desde la UA la función de investigación y no dejarla librada a la inercia del Programa de Incentivos.
Por ello se propone como cambio de modelo posible la reconfiguración de los Departamentos Académicos, Estos podrían convertirse en el espacio institucional para la implementación de micropolíticas de la función de investigación en articulación con las otras funciones.
Proponemos asimismo, generar un Observatorio de Educación. Su objetivo principal será articular lo académico, la investigación y la extensión, desde una perspectiva crítica, en una propuesta que permita a la Facultad analizar las políticas educativas provinciales y nacionales a partir de un debate plural y necesario desde una institución de formación docente. Esto contribuirá además a realizar distintos análisis de coyuntura del estado de la educación, teniendo en cuenta los distintos contextos en los que se encuentran las escuelas y las poblaciones que allí asisten, identificando las problemáticas que atraviesan hoy a nuestras escuelas, desde una perspectiva de investigación- acción participativa que nos acerque a las comunidades, en un diálogo de saberes. Esta dinámica permitirá opinar con fundamentos acerca de la realidad de la educación, pudiendo aportar para el interior de nuestra Unidad Académica conocimientos científicos que mejoren la formación de nuestros estudiantes y para el resto de la comunidad educativa mendocina diagnósticos precisos que pudieran ser utilizados para la toma de decisiones en búsqueda de políticas de estado en materia educativa al servicio de las necesidades del pueblo y de la nación argentina.